SUTE: pasado y presente de los trabajadores de la educación.
Pasado
En el año 1970 se desarrollaba al calor del crecimiento del movimiento obrero y popular, el Sindicato Único de los Trabajadores de
Con esto también nacía la necesidad de reeditar una reforma educacional que contuviera participación y compromiso gremial-docente[1] y que tuviera cabida en el proyecto de
El gremio docente, por vía del SUTE, y
Eran tiempos de iniciativas, creación y posibilidad para que las mayorías asalariadas del país, se dieran la oportunidad de construir una sociedad organizada entre hombres y mujeres libres e iguales. En 1971, el sector docente representaba el 14.8% de los trabajadores del sector terciario y el 20% de los trabajadores del mundo público. La enseñanza pública gratuita constituía hasta el año 73 un 80%. Los trabajadores de la educación en materia de remuneraciones tenían la posibilidad de mejoras sustanciales, ya que tenían derecho a una asignación por antigüedad, que se traducía en un 40% de aumento sobre el sueldo base al cumplir tres años de servicio. La condición de “titulado” significaba una asignación de título de un 25% a su remuneración, 30 horas pedagógicas semanales para los profesores de primaria y 36 para los de enseñanza media, estabilización en la función, atención a la salud, derecho a desahucio, jubilación, etc.
El golpe militar significó emocional y políticamente el retroceso de las aspiraciones y empeños sociales más genuinos, amables y ambiciosas que ha conocido nuestro pueblo en estos últimos 40 años. Con la dictadura se erosionó todo el tejido social construido hasta el momento. El SUTE y otras organizaciones gremiales como también las revolucionarias eran desmanteladas. Al SUTE se le canceló su personalidad jurídica, se persiguió y encarceló a sus militantes, con esto
Todo el activo social fue cercenado, en todas las áreas y en específico en la educación. Con el golpe y luego con la institucionalización social de este, se instauró un sistema de enseñanza subsidiaria, privatizadora y segregadora. En estos años se estructuró la carrera docente (1978), la cual aumentó la carga horaria para los profesores, se suprimió la propiedad del cargo, dejando a los profesores sujetos a destinaciones arbitrarias.
Con el tiempo surge el Colegio de Profesores como manifestación del disciplinamiento y control sobre la organización magisterial de los docentes, cuyos primeros dirigentes fueron asignados por las autoridades militares hasta 1986.
Posteriormente se produjo el paso de colegios y liceos a manos municipales, como forma de profundización de la educación subvencionada y privada. Amplias franjas de asalariados de la educación pasan hacer parte del código del trabajo, perdiendo fuertemente su poder de negociación, contrayéndose con esto significativamente sus remuneraciones. A cambio de esto, un porcentaje mínimo, en comparación a los docentes de establecimientos privados y subvencionados, se rigieron por el Estatuto Docente, la cual conserva hasta el día de hoy, pequeñas garantías laborales.
Han trascurrido casi 20 años de la transición pactada entre las fuerzas militares y la conformación del conglomerado concertacionista. Han sido 20 años donde se ha desplegado intensamente la limitada plataforma económica neoliberal, cuyo efecto inmediato ha sido el desigual patrón distributivo, el desmantelamiento progresivo de nuestras garantías y derechos sociales, en definitiva, la precarización sin sentido de nuestra vida, y como tal, la pérdida de proyectos, organizaciones, deseos y felicidad.
Presente.
Aun así, en el presente nos encontramos con sinceros empujes sociales, manifestados en un primer lugar en las poderosas movilizaciones estudiantiles que estremecieron al gobierno y a la opinión pública en el año 2006 y 2008, que por de pronto han marcado el paso para que otros actores sociales comiencen a dejar atrás el miedo y dispongan su corazón para el reame social y por tanto, político de los trabajadores. Es así como diversas franjas de trabajadores vinculados a los ejes fundamentales del desarrollo económico nacional, han emprendido sus luchas, explorando precariamente y sin muchas certezas políticas -orientados más por su intuición y bajo un escenario desfavorable- masivas movilizaciones, limitadas en su contenidos, y sin claves programáticas que acomoden y articulen sus demandas en perspectivas mayores, aun así, están siendo los actores fundamentales y decisivos para lo que debe ser la estructura que vertebre a la clase trabajadora como sujeto de transformación social.
En general, los trabajadores del sector público y en particular los trabajadores de la educación, últimamente nos hemos pronunciado a partir de la negociación del reajuste del sector público (12-08), lo cual abrió un cuadro social de movilización y por lo tanto, de organización en los diversos gremios que componen y conforman el ADN del sector público. Seguido a esto, los trabajadores de la educación acompañamos tardíamente las movilizaciones estudiantiles, que demandaban nuevamente una nueva ley orgánica constitucional que rigiera para la educación chilena, la cual asegurara el fin a la libre enseñanza y por ende, la sentencia de muerte al lucro y desigualdad que esconde la educación municipal, subvencionada y privada. Junto a esto los estudiantes exigían mayores aportes fiscales del gobierno a la educación, ya que Chile, es uno de los países en la región que menor parte del PIB destina a la educación (3,6%). Actualmente el Estado subvenciona con casi iguales montos a los establecimientos públicos; a las corporaciones municipales de educación y direcciones de educación municipal (DEM) y a las instituciones de enseñanza privada, disminuyendo así la brecha de estudiantes matriculados en escuelas públicas y privadas.
A nivel mundial, la educación privada fluctúa entre un 10% y un 15%. Chile se encuentra por encima de dichas cifras, el sector privado se encuentra por lo menos con un 60% arriba de lo que debería ser la cobertura pública, gratuita, universal y solidaria. Como vemos la actual clase gobernante ha privilegiado con creces y envergadura política, las recetas de organismos internacionales financieros como el FMI, el Banco Mundial y el BID, que han obligado la privatización incondicional y autoritaria de los derechos sociales.
A pesar de esto -como planteábamos-, los trabajadores de la educación, desde las movilizaciones estudiantiles hemos sacado inconcientemente las fuerzas para sumarnos a una nueva cruzada por la conquista de nuestros derechos sociales perdidos. En este camino son varias ya las franjas de asalariados que hemos comenzado a generar propuestas en la mira de dotarnos de espacios sociales lo suficientemente rigurosos, para proyectar nuestras luchas. En específico, nos referimos a contribuir en el levantamiento de un espacio orgánico sindical con voluntad de mayoría, dispuesta a trabajar para superar internamente a la realidad sindical actual, que limita y disciplina fuertemente a los trabajadores, obligándolos por defecto a la organización en sindicatos de empresa, motivo por el cual, se ha limitado la negociación colectiva a un acuerdo marco entre los dirigentes sindicales o grupos negociadores y los empleadores. Cuyo impacto inmediato ha sido la pérdida sustancial de lo que corresponde a las remuneraciones y garantías contractuales de los trabajadores de Chile.
Para ir superando esta realidad, es que les convocamos a una iniciativa que se inscribe en dos registros y propuestas sociales fundamentales:
-La primera es a compartir una experiencia social amplia, estimulando con ello las diversas iniciativas que puedan surgir desde un espacio consensuado, que puede materializarse en jornadas de reflexión, escuelas político- sindical, coordinación y articulación de demandas en función de visualizarlas en planes de lucha. A Propósito de este punto, es de nuestra responsabilidad diseñar un plan de lucha que recoja las demandas sociales de los trabajadores de la educación. Para lo cual es necesario establecer un pliego que contemple y vincule demandas parciales[2] con demandas de largo aliento, tal como el fin de la municipalización; obtención de un mayor aporte fiscal; derecho a la negociación ramal única vinculada a todos los trabajadores de la educación a nivel metropolitano, regional y nacional.
-La segunda debe ser producto natural del primer empeño, pero aun así debe guiar a la primera como la lucecita que de coherencia y sentido a toda iniciativa particular y por la cual deben pilotarse las voluntades políticas, nos referimos al ordenamiento programático para los trabajadores de la educación; y que creemos que pasa en un primer momento, por lograr construir al mediano-largo plazo -según nos indique la compleja realidad social-, un sindicato único nacional, es decir, revivir la idea-fuerza que agrupó en su momento a diversos trabajadores en un sindicato nacional en Chile. Como también puede ser la eventualidad transitoria de constituir una federación de sindicatos. En cualquier caso, se sostiene la necesidad y prioridad de confluir en una plataforma sindical única, de envergadura política, aglutinante en su espacio, resuelto en sus principios y prácticas.
Dichas necesidades nos demanda por ahora dar los primeros pasos de un proceso que sólo el ritmo de la lucha entre las clases sociales nos indicará y de la cual nosotros somos decisivae y profundamente responsables.
Por un línea sindical clasista
Arriba los y las que luchan
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