El 14 de enero del 2010 tres dirigentas del comité de allegados “Los colgados” de Peñalolen: María Paulina Araya, Marisol Boulet y Pamela Cuevas, efectuaron una protesta en el techo de la Municipalidad de Peñalolen. Amenazaron con quemarse a lo bonzo si no son recibidas y escuchadas por el alcalde Claudio Orrego, uno de los “príncipes” de la DC. En las afueras decenas de pobladores apoyaron con pancartas y gritos la protesta de sus dirigentas.
El motivo de las protesta es el desconocimiento del alcalde Orrego a su compromiso de facilitar, mediante el nuevo Plan Regulador Comunal, la expropiación del terreno El Sauzal.
El compromiso había sido hecho en enero pasado en vísperas de una toma de terreno de las que “Los Colgados” inicialmente eran parte. Claudio Orrego, para desmantelar la fuerza social de los allegados urde el engaño y asegura al Comité “Los Colgados” entregarles el terreno del Sauzal. Al exigir las pobladoras la palabra comprometida Orrego se hizo el desentendido. Posterior a esto es que se realiza la protesta sobre el techo de la Municipalidad.
Ese 14 de enero en la mañana, una vez arriba del techo de la Municipalidad, las pobladoras se rocían. Mientras esto acontecía, llegó a la Municipalidad: Bomberos, el Gope y FFEE de Carabineros para bajar a las pobladoras del techo mediante amenazas. En algún momento una de la pobladoras, para dar una señal clara de sus intenciones, enciende un encendedor sin darse cuenta de lo cerca que estaba de su ropa. Comienza a arder. Su hija Pamela Boulet rápidamente le quita la ropa y la arroja contra el techo. Entre las dos intentan apagar la polera en llamas pero al mover la tela esta se inflama con el aire encendiéndose aun más. En ese momento es que carabineros del Gope se arrojan en contra de las tres pobladoras y las detienen.
En un abuso de autoridad y ensañamiento en contra de las pobladoras, Orrego pone denuncia por intento de incendio. El delito de incendio es unos de los delitos en contra de la propiedad más duramente castigados por nuestro código penal. Esta denuncia provoca que las tres pobladoras quedaran de inmediato a disposición del tribunal de garantía y dos de ellas en prisión preventiva por estimarse que son “un peligro para la sociedad”, según la fiscalía y el tribunal.
Durante estos meses y al ver el ensañamiento del alcalde en su denuncia, lo lento del proceso, las pésimas condiciones carcelarias en el COF de San Joaquín (Cárcel de mujeres), las dos pobladoras detenidas: María Paulina Araya y Marisol Boulet, inician una huelga de hambre. Lo hacen con el objetivo de sensibilizar a la prensa, a poderes del estado y exigir el fin a la criminalización de la protesta social, solicitándola a Orrego que retirara la denuncia de Intento de delito de incendio.
A finales de septiembre y por gestiones del Polo Izquierdo de la Memoria (PIM) ante presidente de la comisión de DDHH de la cámara de diputados Hugo Gutiérrez, Pamela Boulet fue recibida junto a Roxana Miranda (dirigenta de la Federación Nacional de Pobladores) y Ricardo Balladares del PIM ante el pleno de la comisión de DDHH. Allí expusieron los engaños, atropellos y ensañamientos contra estas pobladoras.
La Comisión rechazo la posición del alcalde de la comuna y resolvió: oficiar al alcalde Orrego para que retirara la denuncia por intento de delito de incendio; solicitar al Ministerio Público los antecedentes del proceso; realizar una visita inspectiva al COF para determinar las condiciones carcelarias y escuchar de la boca de las propias afectadas en huelga de hambre las denuncias que motivaron su accionar. Las resoluciones se realizaron en un plazo de dos semanas.
A fines de agosto, por razones de salud, las pobladoras dieron por finalizada la huelga de hambre. Gracias a ella, se logro romper medianamente el cerco comunicacional y se logro la visita y oficios de la comisión de DDHH de la Cámara de Diputados.
El14 de septiembre se realizó una nueva audiencia en la cual se revisó la medida cautelar de la prisión preventiva, la cual ya cumplía los 8 meses y 2 días, resolviendo el Tribunal dejar en libertad a las dos pobladoras pero con las medidas cautelares de arresto domiciliario. Se espera que la Fiscalía apele a dicha resolución, insistiendo en su afán de criminalizar la protesta social y convertir en peligro público a las dirigentas.
Rodrigo Román, abogado de la Defensoría Popular y representante de las pobladoras, expresó a este medio que por el momento solo se suspendió la medida cautelar de la prisión preventiva, que la denuncia por intento de delito de incendio sigue aún vigente y que la pena que está solicitando la Fiscalía es de 10 años y un día. Según el diputado Hugo Gutiérrez, quien también es abogado, en ningún caso se puede probar o decir que el delito es el que denunció el Alcalde Orrego y el que acusa la fiscalía. “A lo más se podría imputar a las pobladoras de cuasi delito de daños, cosa que no está penalizada en nuestro código penal” dijo el diputado.
Para Román este juicio no es más que otro intento del Ministerio del Público y de la Municipalidad por criminalizar la protesta social. Este abogado subraya el hecho las luchadoras sociales han cumplido mas de 8 meses en la cárcel sin que se les haya probado delito alguno. Próximamente se dará inicio al juicio oral, mientras se espera la apelación de la fiscalía sobre el término de la prisión preventiva.
