Documentos La Batalla

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domingo, 23 de agosto de 2009

viernes, 31 de julio de 2009

Documento base del Encuentro por la Unidad de los Trabajadores de la Educación

SUTE: pasado y presente de los trabajadores de la educación.

Pasado

En el año 1970 se desarrollaba al calor del crecimiento del movimiento obrero y popular, el Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación (SUTE) y con él se desenvolvía enérgicamente la idea de que los trabajadores de dicha organización, tuvieran la capacidad de negociar tarifas únicas respecto a sus remuneraciones, contratos nacionales y beneficios vinculantes para los trabajadores del norte, centro y sur del país.

Con esto también nacía la necesidad de reeditar una reforma educacional que contuviera participación y compromiso gremial-docente[1] y que tuviera cabida en el proyecto de la Escuela Nacional Unificada (ENU). La idea era condensar las aspiraciones más sentidas por el magisterio, correspondientes al proceso de transformación nacional que se vivía al compás del movimiento popular.

El gremio docente, por vía del SUTE, y la CUT a través de sus congresos locales y provinciales, organizaron el congreso nacional de educación en 1973. Dicho congreso ratificaba la necesidad de avanzar en un auténtico sistema nacional de educación, de carácter nacional, productivo, científico, social e integral, un sistema regular unificado, ligado estrechamente al desarrollo económico del país.

Eran tiempos de iniciativas, creación y posibilidad para que las mayorías asalariadas del país, se dieran la oportunidad de construir una sociedad organizada entre hombres y mujeres libres e iguales. En 1971, el sector docente representaba el 14.8% de los trabajadores del sector terciario y el 20% de los trabajadores del mundo público. La enseñanza pública gratuita constituía hasta el año 73 un 80%. Los trabajadores de la educación en materia de remuneraciones tenían la posibilidad de mejoras sustanciales, ya que tenían derecho a una asignación por antigüedad, que se traducía en un 40% de aumento sobre el sueldo base al cumplir tres años de servicio. La condición de “titulado” significaba una asignación de título de un 25% a su remuneración, 30 horas pedagógicas semanales para los profesores de primaria y 36 para los de enseñanza media, estabilización en la función, atención a la salud, derecho a desahucio, jubilación, etc.

El golpe militar significó emocional y políticamente el retroceso de las aspiraciones y empeños sociales más genuinos, amables y ambiciosas que ha conocido nuestro pueblo en estos últimos 40 años. Con la dictadura se erosionó todo el tejido social construido hasta el momento. El SUTE y otras organizaciones gremiales como también las revolucionarias eran desmanteladas. Al SUTE se le canceló su personalidad jurídica, se persiguió y encarceló a sus militantes, con esto la ENU pasaba hacer parte de la historia

Todo el activo social fue cercenado, en todas las áreas y en específico en la educación. Con el golpe y luego con la institucionalización social de este, se instauró un sistema de enseñanza subsidiaria, privatizadora y segregadora. En estos años se estructuró la carrera docente (1978), la cual aumentó la carga horaria para los profesores, se suprimió la propiedad del cargo, dejando a los profesores sujetos a destinaciones arbitrarias.

Con el tiempo surge el Colegio de Profesores como manifestación del disciplinamiento y control sobre la organización magisterial de los docentes, cuyos primeros dirigentes fueron asignados por las autoridades militares hasta 1986.

Posteriormente se produjo el paso de colegios y liceos a manos municipales, como forma de profundización de la educación subvencionada y privada. Amplias franjas de asalariados de la educación pasan hacer parte del código del trabajo, perdiendo fuertemente su poder de negociación, contrayéndose con esto significativamente sus remuneraciones. A cambio de esto, un porcentaje mínimo, en comparación a los docentes de establecimientos privados y subvencionados, se rigieron por el Estatuto Docente, la cual conserva hasta el día de hoy, pequeñas garantías laborales.

Han trascurrido casi 20 años de la transición pactada entre las fuerzas militares y la conformación del conglomerado concertacionista. Han sido 20 años donde se ha desplegado intensamente la limitada plataforma económica neoliberal, cuyo efecto inmediato ha sido el desigual patrón distributivo, el desmantelamiento progresivo de nuestras garantías y derechos sociales, en definitiva, la precarización sin sentido de nuestra vida, y como tal, la pérdida de proyectos, organizaciones, deseos y felicidad.

Presente.

Aun así, en el presente nos encontramos con sinceros empujes sociales, manifestados en un primer lugar en las poderosas movilizaciones estudiantiles que estremecieron al gobierno y a la opinión pública en el año 2006 y 2008, que por de pronto han marcado el paso para que otros actores sociales comiencen a dejar atrás el miedo y dispongan su corazón para el reame social y por tanto, político de los trabajadores. Es así como diversas franjas de trabajadores vinculados a los ejes fundamentales del desarrollo económico nacional, han emprendido sus luchas, explorando precariamente y sin muchas certezas políticas -orientados más por su intuición y bajo un escenario desfavorable- masivas movilizaciones, limitadas en su contenidos, y sin claves programáticas que acomoden y articulen sus demandas en perspectivas mayores, aun así, están siendo los actores fundamentales y decisivos para lo que debe ser la estructura que vertebre a la clase trabajadora como sujeto de transformación social.

En general, los trabajadores del sector público y en particular los trabajadores de la educación, últimamente nos hemos pronunciado a partir de la negociación del reajuste del sector público (12-08), lo cual abrió un cuadro social de movilización y por lo tanto, de organización en los diversos gremios que componen y conforman el ADN del sector público. Seguido a esto, los trabajadores de la educación acompañamos tardíamente las movilizaciones estudiantiles, que demandaban nuevamente una nueva ley orgánica constitucional que rigiera para la educación chilena, la cual asegurara el fin a la libre enseñanza y por ende, la sentencia de muerte al lucro y desigualdad que esconde la educación municipal, subvencionada y privada. Junto a esto los estudiantes exigían mayores aportes fiscales del gobierno a la educación, ya que Chile, es uno de los países en la región que menor parte del PIB destina a la educación (3,6%). Actualmente el Estado subvenciona con casi iguales montos a los establecimientos públicos; a las corporaciones municipales de educación y direcciones de educación municipal (DEM) y a las instituciones de enseñanza privada, disminuyendo así la brecha de estudiantes matriculados en escuelas públicas y privadas.

A nivel mundial, la educación privada fluctúa entre un 10% y un 15%. Chile se encuentra por encima de dichas cifras, el sector privado se encuentra por lo menos con un 60% arriba de lo que debería ser la cobertura pública, gratuita, universal y solidaria. Como vemos la actual clase gobernante ha privilegiado con creces y envergadura política, las recetas de organismos internacionales financieros como el FMI, el Banco Mundial y el BID, que han obligado la privatización incondicional y autoritaria de los derechos sociales.

A pesar de esto -como planteábamos-, los trabajadores de la educación, desde las movilizaciones estudiantiles hemos sacado inconcientemente las fuerzas para sumarnos a una nueva cruzada por la conquista de nuestros derechos sociales perdidos. En este camino son varias ya las franjas de asalariados que hemos comenzado a generar propuestas en la mira de dotarnos de espacios sociales lo suficientemente rigurosos, para proyectar nuestras luchas. En específico, nos referimos a contribuir en el levantamiento de un espacio orgánico sindical con voluntad de mayoría, dispuesta a trabajar para superar internamente a la realidad sindical actual, que limita y disciplina fuertemente a los trabajadores, obligándolos por defecto a la organización en sindicatos de empresa, motivo por el cual, se ha limitado la negociación colectiva a un acuerdo marco entre los dirigentes sindicales o grupos negociadores y los empleadores. Cuyo impacto inmediato ha sido la pérdida sustancial de lo que corresponde a las remuneraciones y garantías contractuales de los trabajadores de Chile.

Para ir superando esta realidad, es que les convocamos a una iniciativa que se inscribe en dos registros y propuestas sociales fundamentales:

-La primera es a compartir una experiencia social amplia, estimulando con ello las diversas iniciativas que puedan surgir desde un espacio consensuado, que puede materializarse en jornadas de reflexión, escuelas político- sindical, coordinación y articulación de demandas en función de visualizarlas en planes de lucha. A Propósito de este punto, es de nuestra responsabilidad diseñar un plan de lucha que recoja las demandas sociales de los trabajadores de la educación. Para lo cual es necesario establecer un pliego que contemple y vincule demandas parciales[2] con demandas de largo aliento, tal como el fin de la municipalización; obtención de un mayor aporte fiscal; derecho a la negociación ramal única vinculada a todos los trabajadores de la educación a nivel metropolitano, regional y nacional.

-La segunda debe ser producto natural del primer empeño, pero aun así debe guiar a la primera como la lucecita que de coherencia y sentido a toda iniciativa particular y por la cual deben pilotarse las voluntades políticas, nos referimos al ordenamiento programático para los trabajadores de la educación; y que creemos que pasa en un primer momento, por lograr construir al mediano-largo plazo -según nos indique la compleja realidad social-, un sindicato único nacional, es decir, revivir la idea-fuerza que agrupó en su momento a diversos trabajadores en un sindicato nacional en Chile. Como también puede ser la eventualidad transitoria de constituir una federación de sindicatos. En cualquier caso, se sostiene la necesidad y prioridad de confluir en una plataforma sindical única, de envergadura política, aglutinante en su espacio, resuelto en sus principios y prácticas.

Dichas necesidades nos demanda por ahora dar los primeros pasos de un proceso que sólo el ritmo de la lucha entre las clases sociales nos indicará y de la cual nosotros somos decisivae y profundamente responsables.

Por un línea sindical clasista

Arriba los y las que luchan

Contacto: correo.hechoamano@gmail.com


[1] como la generada en 1927-1928 (decreto N 7.500)

[2] tales como el cumplimiento de la ley 19.464 relacionada con los asistentes de la educación; evaluar la deuda histórica del magisterio, entre otras

jueves, 11 de junio de 2009

Mineros de Tambillo (IV Región) en Huelga de Hambre ante las malas condiciones de trabajo.


Hoy más que nunca se hace necesario que las redes de información actúen: 4 mineros de Tambillo junto a 2 estudiantes universitarios, iniciaron ayer 10 de junio una huelga de hambre indefinida en la ciudad de La Serena, debido a las malas condiciones de trabajo que viven día a dia, existe un abuso de autoridad y la negativa de acuerdo con la negociación colectiva por parte de los dueños de la empresa como Francisco Javier Errázuriz (Fra-Fra).

Desde acá denunciamos el cerco informativo desde los medios tradicionales de información (sobre todo canales televisivos de carácter nacional) que poco han difundido el tema, los mineros llevan más de 40 días de huelga legal y han tenido que recurrir a esta instancia para que exista una solución real.

Apenas comenzó la huelga de Hambre, un contingente policial y del GOPE de carabineros entró en la zona donde se encontraba la población en Huelga en Tambillos aparentemente para penetrar el cerco, golpeando a mujeres, niños y a la familia de los mineros. Ante esto el pueblo de Tambillos salió en su defensa, sin embargo la publicación desde los medios fue nula sobre estos hechos.

La Huelga de Hambre se está llevando a cabo en La Serena, y esperamos que las soluciones sean reales y oportunas. Apoyamos a los compañeros mineros y universitarios que llegan hasta las últimas consecuencias por los cambios y no se sientan a esperar que las soluciones les lleguen, entienden firmemente que aquí “se construye”. Esperamos así también el mayor apoyo de las redes de contrainformación y pedimos que se difunda por todos los medios: estos hechos no pueden quedar en la nada, ni menos aun quedar en la plena impunidad.

APOYANDO A LOS VALIENTES MINEROS DE TAMBILLO!!!
POR LA LIBERACIÓN RECIPROCA DE LOS PUEBLOS!!!
CRECEN, AVANZAN LOS PUEBLOS QUE NO TRANZAN!!!
Pedimos su apoyo Solidario y la difusión por todas partes de estos hechos!!!
Informate en:

http://tintayrebelion.blogspot.com

martes, 9 de junio de 2009

¡Solidaridad con la lucha de los pueblos amazonicos del Perú!

Las comunidades amazónicas e indígenas de la selva peruana (especialmente en Loreto, San Martín, Amazonas, Ucayali, Huánuco, Cuzco y Madre de Dios) nuevamente hacen sonar sus tambores de lucha y resistencia frente a las arremetidas del modelo económico neoliberal defendido por el gobierno peruano (con el Partido Aprista a la cabeza) y como medida de fuerza hacen el llamado a la rebelión popular tras el Paro General Indefinido acatado masivamente desde el 9 de abril de este año. Es decir, ya van más de 50 días en pie de lucha que sin duda vienen a ser un claro ejemplo de valor, organización y heroicidad.


Este intenso proceso de lucha indígena y amazónica se inicia luego de que el Estado peruano contraviniendo sus propios tratados internacionales, está violando, sistemáticamente, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios antes de cualquier tipo intervención en sus territorios por instancias ajenas a sus propias comunidades.


Es decir, el gobierno aprista ha iniciado (o mejor dicho, ha reiniciado) una nueva etapa de saqueos y venta al mejor postor transnacional, de las tierras que por tradición e historia le corresponde a cada una de las comunidades (awajún-wampis, kichuas, arabelas, huaronis, pananujuris, achuar, murunahus, o chitonahuas, cacataibos, matsés, candoshis, shawis, cocama-cocamillas, machiguengas, yines, asháninkas, yaneshas y otras más, incluidos los “no contactados”) y que hoy reclaman su derecho a existir y resistir.


El papel del Estado peruano


Se sabe que la Ley 20653, conocida como Ley General de Comunidades Nativas, dada por el gobierno de Velasco Alvarado, reconoció un 24 de junio de 1974, la "existencia legal y la personería jurídica de los pueblos indígenas amazónicos y sus territorios, declarándolos inalienables, inembargables e imprescriptibles", confirmándolo en la Constitución Política de 1979, siendo borrado de un plumazo por la Constitución fujimorista de 1993 (que marcaba el inicio de la dictadura cívico-militar del hoy sentenciado Alberto Fujimori) para dejar el camino abierto al despojo y saqueo por los gobiernos sucesores y abriendo la puerta para el Tratado de Libre Comercio (TLC), que con los Decretos Legislativos de la actual gestión aprista ya han adquirido fuerza de Ley.


Tampoco dejemos de lado el hecho que ya desde que la propia Constitución fujimorista del 93, se dejó la puerta abierta para el despojo de recursos como mencionamos líneas arriba. Entonces es evidente que se ha empezado a ahogar y provocar el aislamiento de las comunidades, mientras la voracidad de las transnacionales lograba el establecimiento de concesiones en favor de empresas petroleras, gasíferas, mineras, turísticas y madereras en territorios que ancestralmente han pertenecido a los pueblos allí asentados.


Es decir, esto ha allanado el camino para la normatividad que el propio Estado, -salteándose la instancia legislativa (Parlamento nacional), mediante diversos decretos legislativos- declare los territorios de los pueblos originarios: "negociables en función de la economía del mercado".


Una vez más, el Estado peruano ha puesto en evidencia su carácter de instrumento de dominación y aprovechamiento de las clases explotadoras en nuestro país, que buscan seguir expropiando no sólo los derechos políticos, sino también los propios recursos a nuestras poblaciones indígenas (pueblos originarios) que hoy se levantan en rebelión contra el poder opresor.


Como comunistas libertarios, declaramos que el derecho a la libre autodeterminación de las comunidades originarias y nativas es un ejercicio auténtico de poder popular, pues se basa en principios comunitaristas, de aprovechamiento y uso colectivo de los recursos naturales, y en las propias formas de trabajo y beneficio común que ancestralmente se conservan en la Amazonía que tiene 31 de los 114 zonas de vida o ecosistemas mundiales, 95% de los bosques del país y un importante potencial de recurso hídrico o hidro-energético.


Indígenas del Abya Yala en pide de lucha


En el marco del Paro Indígena, se ha dado un importante reunión de comunidades originarias andinas en la región sur del Perú, específicamente en Puno. Este encuentro fue la “IV Cumbre Continental de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala” que culminó el pasado domingo 31 de mayo con el compromiso unánime por el respeto de la madre tierra y los recursos naturales en provecho del ser humano y el rechazo enérgico de la privatización del agua y a la presencia de empresas transnacionales y el modelo económico neoliberal.


Todos estos postulados están comprendidos dentro de la “Declaración de Mama Quta Titikaka” (Lago Titiacaca, entre Perú y Bolivia), donde también se acordó movilizar a las organizaciones sociales y originarias para el mes de junio en defensa de los pueblos amazónicos y hacer marchas o mítines frente a la Embajada peruana en cada país.


Es importante, así mismo, resaltar el carácter de esta Cumbre indígena que lleva en esencia el germen auto-organizativo por el cual nosotros, militantes libertarios, apostamos, ya que en sus recomendaciones finales se planteó “la construcción de Pueblos Plurinacionales Comunitarios, que se fundamenten en el autogobierno y la libre determinación de todos los pueblos”.


Así mismo, cabe denunciar la labor que cumplen los medios periodísticos oficiales empeñados en desinformar, desvirtuar u ocultar las justas medidas que se viene acatando en la selva peruana; en contubernio con el gobierno neoliberal de turno y sus cabezas Alan García; el vicepresidente y almirante en retiro responsable de las matanzas en los penales durante el primer gobierno aprista de los 80s, Luis Giampietri; el primer ministro, Yehude Simon, otrora dirigente izquierdista, incluso encarcelado por sus ideas y ahora fiel guardián de la reacción aprista.


Es claro ver que para la burguesía que controla el Estado bajo órdenes imperialistas, el camino hacia el despojo de las comunidades -que también constituye un plan para destruir su propio tipo de organización social y la relación que los entrelaza con su territorio- en su esencia se contrapone con el criterio occidental de propiedad privada y por ello significa un freno a la voracidad del capital transnacional que busca insertarse en esas zonas, usurpándolas en alianza con el Estado y convertirlas en feudos que garantice prosperidad y dominio a los explotadores.


El mismo presidente Alan García miente “sutilmente” cuando dice que de los 63 millones de hectáreas que tiene la selva peruana, solo 12 millones le corresponde a las comunidades amazónicas, cuando en realidad son más de 25 millones, tal como afirma el dirigente y máximo representante de las comunidades en lucha, Alberto Pizango quien ha sido denunciado por “atentar contra la seguridad común y entorpecer los servicios públicos”, junto a los dirigentes indígenas Marcial Mudarra, los hermanos Saúl y Servando Puerta, Daniel Marzano y Teresita Antazu. Además Pizango ya había sido demandado por “rebelión, sedición y otros” ante la 44ª Fiscalía Provincial Penal de Lima y tiene una tercera denuncia ante la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Utcubamba (Amazonas), por “alterar la tranquilidad pública en su modalidad de disturbios”.


Está claro que todo este proceso de demandas y persecución judicial y política se enmarca dentro del afán por parte del Estado de criminalizar toda protesta popular y reprimir las justas demandas sociales, presentando ante la opinión publica como “simples vándalos o salvajes ignorantes del progreso que significa la globalización” a los hermanos y hermanas indígenas del Perú.


En tanto, como libertarios entendemos que la lucha del pueblo indígena, amazónico y andino, por la defensa de sus territorios, de su organización, y de su cultura, se halla inscrita dentro de un programa mínimo que implica la conquista de las reivindicaciones de los pueblos oprimidos por el Estado, el Capitalismo y el Imperialismo.


Esta plataforma mínima debería basarse en exigir el uso de la acción directa para exigir la expulsión de las transnacionales de sus territorios. Ello en defensa de la integridad y sostenibilidad del hábitat y el ecosistema de la región -la cual, hay que recordar, constituye uno de los "pulmones" del planeta-, y por un desarrollo sostenible y la explotación planificada de la flora y la fauna, en base a criterios determinados por las comunidades. Además, la autodefensa activa de sus territorios y la recuperación de los mismos.


Por ello, creemos que la auténtica solidaridad activa con la lucha amazónica e indígena será profundizando la protesta popular (agitación, propaganda, huelgas, paros, acciones directas, etc.) e incorporando en toda plataforma de lucha, la de los pueblos originarios hoy.


Apoyar la justa protesta de los pueblos indígenas y amazónicos


Aunque como libertarios no tenemos nada que esperar del Estado (mas que su destrucción), comprendemos a la lucha de los pueblos originarios como parte inmediata de un proyecto mayor por la liberación de los explotados, y en tal sentido se inserta en una estrategia más amplia o un programa máximo por la revolución social.


En tal sentido, debemos apoyar las reivindicaciones que en lo inmediato conllevan a mejorar sus condiciones de vida y madurar su organización social, política y económica a fin de enfrentar al Estado y destruirlo desde dentro, edificando esos gérmenes del poder popular que derrumbarán a ese gigante con pies de barro que es ahora el Capitalismo, herido de muerte a nivel mundial, por una crisis global de la que no podrá recuperarse, si es que entendemos que tal crisis la deben pagar la burguesía y no los trabajadores.


En tal sentido, apoyamos la lucha del pueblo amazónico y sus diversas comunidades por conseguir soluciones inmediatas y hacemos el llamado a:


  • Derogatoria de la normatividad que atente o vulnere los interese de las Comunidades Nativas y Campesinas. Es decir, la derogatoria de la Ley Nº 29317 o nueva la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, producto de una apresurada y parcial modificación del Decreto Legislativo Nº 1090 (Ley de la Selva) y los conexos decretos legislativos 1089, 1064 y 1020. Es decir, los 99 decretos impuestos y jamás consultados a los pueblos.

  • Exigir el respeto de la autonomía y autodeterminación de las comunidades nativas y su participación política activa en la toma de decisiones y en la aprobación o no, a través de los mecanismos de la democracia directa (Asambleas populares, referéndum, etc.) de las normas legales o contratos de concesión.

  • Exigir beneficios y facilidades para que las comunidades o pueblos originarios puedan desarrollar sus actividades productivas, de comercio, e industrialización, con la perspectiva del control directo de estos procesos por los mismos pobladores basándose en principios autogestionarios y de socialización.

  • Exigir beneficios y facilidades para la apertura y promoción de la educación y cultura en las comunidades (desde estas y hacia estas). Más colegios, docentes capacitados, promover la profesionalización de los estudiantes indígenas. Es decir, la construcción de un sistema educativo racional y de calidad alejado de las tendencias competitivas y voraces que ordena el mercado capitalista mundial.

  • Exigir los mayores beneficios de las actividades de exploración y explotación del Petróleo y el Gas, en favor de los pueblos originarios, así como la edificación de Hospitales, carreteras y la infraestructura que requiera, siempre que sean de la aprobación de los pueblos mismos y se gestione los mecanismos para el óptimo control y administración por las mismas comunidades.

  • Cese inmediato a la campaña de criminalización de la protesta que ha emprendido el gobierno aprista y la derecha peruana, además del alto al hostigamiento de luchadores sociales y a la creación de constantes psicosociales que desvíen la atención social sobre los problemas reales en el país.

¡Solidaridad internacionalista con la lucha de los pueblos amazónicos del Perú!
¡Derogatoria inmediata de los Decretos Legislativos que atentan contra la soberanía de los pueblos indígenas!
¡Por la libertad y defensa del pensamiento, cultura y autodeterminación de todos los pueblos del mundo!
¡Contra el autoritarismo del Estado a organizarse y luchar desde las bases!
¡Abajo el TLC y demás tratados comerciales capitalistas!
¡Fuera transnacionales imperialistas y bases militares yanquis de Latinoamérica!
¡Alto a la criminalización de la protesta y libertad inmediata a los presos por luchar!
¡Viva las luchas heroicas de los pueblos indígenas del Abya Yala!
¡Todos somos amazónicos!
¡Arriba los que luchan!


Lima, 05 de junio del 2008


Firman:

1.- Unión Socialista Libertaria (Lima, Perú)
2.- Red Libertaria Popular Mateo Kramer (Colombia)
3.- Periódico Barrikada (Uruguay)
4.- Convergencia Anarquista Específica (Chile)
5.- Corriente Acción Libertaria (Chile)
6.- Huancayo Rebelde (Huancayo, Perú)
7.- Centro de Estudios Sociales Manuel González Prada (Huancayo, Perú)
8.- Columna Libertaria Joaquín Penina (Argentina)
9.- Organisation Communiste Libertaire (Francia)
10.- Asociación Obrera de Canarias / Ēššer Ămăhlan n Təkanaren (Islas Canarias, África)
11.- Frente de Estudiantes Libertarios (Chile)
12.- Federazione dei Comunisti Anarchici (Italia)
13.- Ateneo Autónomo de Contracultura y Estudios “La Libertaria” (Venezuela)
14.- Red Libertaria (Argentina)
15.- Antorcha Libertaria (Colombia)
16.- Revista libertaria Divergences (Bélgica)
17.- Colectivo de comunicación y agitación popular “Mecha” (Colombia)
18.- Colectivo ReXiste Riot Grrrl (Colombia)

19.- Estrategia Libertaria (Chile)

20.- Federación Anarquista Uruguaya (Uruguay)

21.- Organización Socialista Libertaria (Argentina)

22.- Organización Comunista Libertaria (Chile)

23.- Colectivo Agitación Libertaria (Chile)

24.- The Anarchist International (V/P)

25.- Espacio Libertario (Argentina)

26.- Kolectivo Utopía Ácrata Libertario (Argentina)

27.- Colectivo ResGestae (Colombia)

28.- Federation Anarchiste (Francia – Bélgica)

29.- Colectivo Qespikay (Cusco, Perú)

30.- Periódico Anarquista “El Surco” (Chile)

31.- Bufalo Class Action (EE.UU.)

sábado, 30 de mayo de 2009

Situación agraria y desafíos sindicales (Temporeras de Rengo)

Situación agraria y desafíos sindicales.

 

La década de los 70 fue un periodo de retroceso generalizado de las políticas de redistribución de las tierras y olvido de los campesinos. La expansión en América Latina de regimenes militares autoritarios y la dominación en el plano ideológico de las ideas neoliberales que comenzaba a producirse, fueron conduciendo desde el punto de vista del desarrollo agrícola y del desarrollo nacional, a poner el acento en la modernización capitalista; en el rol del mercado como el mejor asignador de recursos; en la apertura de las fronteras al consumo exterior de productos agrícolas de los países desarrollados; en la adaptación de las estructuras productivas a la demanda del mercado mundial y la búsqueda del desarrollo de las exportaciones para hacer frente al endeudamiento del Estado.    Las políticas de reforma agraria en los años 70 fueron prácticamente olvidadas y en muchos casos, la concentración de la tierra se acentuó fuertemente. Los diversos programas de “ajuste” de la economía para la mayoría de los países de la región, estimularon las exportaciones agrícolas con la esperanza que esto mejorara la situación de los trabajadores del campo.

Muy al contrario a esta idea, el impacto de las políticas económicas de las últimas dos décadas han sido desastrosa para las trabajadoras del campo y también para el medio ambiente.

El monocultivo, el uso agresivo de plaguicidas, la precarización del empleo y los bajos sueldos, dibujan un escenario bastante complejo para quienes habitamos las provincias del campo en esta franja de tierra.

Aun así las trabajadoras de Rengo como también de otras provincias, hemos comenzado un largo debate sobre la necesidad de organizarnos. Ya que en la región, como a lo largo de Chile, se encuentran las grandes empresas vinculadas a la agro-industria. Sabemos que este sector es de suma importancia para los conglomerados económicos que tienen su negocio en el rubro campestre. En este sentido el empeño social de dar vida a la organización de los temporeros, como también de todos los trabajadores agrícolas, se entienden en el marco de asenso de diversas luchas gremiales y populares  en este último tiempo.

Situarse a la altura del activo social movilizado se nos presenta como un desafío claro y de largo aliento

 

Problemas de los trabajadores agrícolas: Perspectiva sindical y objetivos.

 

            Uno de los problemas actuales con que nos encontramos la mayoría de las trabajadoras del campo y de la ciudad, es la incapacidad para poder negociar contratos colectivos con la empresa madre, ya que el artículo 305 del código del trabajo sanciona con la prohibición de este derecho a los trabajadores contratados para el desempeño de una obra o faena determinada.

En este sentido, la gran mayoría de las trabajadoras de temporada, al igual que los trabajadores de la construcción, se nos impide negociar colectivamente, al no poseer la facultad de conformar un sindicato de empresa. Ante tal situación, estamos empujados a organizarnos en sindicatos interempresa o de trabajadores eventuales y transitorios, pero que en la eventualidad no podemos negociar colectivamente, salvo si nuestro patrón este de acuerdo con dicho propósito (cosa bastante complicada).

Frente a esta situación, creemos necesario acumular fuerza para conquistar el derecho a la negociación colectiva reglada de los sindicato inter-empresa. Dicha conquista seria un real avance para los asalariados rurales de temporada, como también para el resto de la comunidad, que se encuentra en nuestra misma situación laboral.

Por otro lado tenemos que destacar que los trabajadores sujetos a este tipo de contrato nos encontramos al margen de otro derecho fundamental, como es el derecho a la indemnización por despido. El articulo 159 del “código piñera” en su aplicación, niega  el pago de un desahucio e indemnización.

Es por esto que exigimos como medida transitoria: 

-Pago al termino del contrato de un bono por termino de faenas o de cosecha de 2.5 días por mes trabajado.

-Creación de un sistema de previsión  social, donde concurran los aportes del Estado y los empresarios y no a través de los descuento de nuestros sueldos.

 

En este sentido necesitamos un nuevo modelo de seguridad  social, cuya finalidad sea dar cobertura y protección a las trabajadoras y trabajadores en sus contingencias sociales durante su vida activa laboral y después de ella, un sistema armónicamente integrado que asuma la invalidez, vejez y muerte. Pero sobre todo un proyecto fundado en las expectativas y deseos políticos de las grandes mayorías asalariadas de este país.

 

Varias son las demandas pendientes para las  temporeras de Chile y de la región, pero aun así, hemos querido resaltar, tal vez, las dos reivindicaciones más urgentes para nosotras y  para nuestra familia.

 

A modo de reflexión nos gustaría decir, que todo el cuadro social mencionado, demuestra que las políticas de reforma agraria, a pesar de haber sido en gran parte abandonas, tiene aún plena vigencia junto con otras medidas de desarrollo rural en chile, y  en el resto del continente de nuestra América Morena.

Demandas de largo aliento, como la colectivización de las tierras, expropiación de las grandes industrias agropecuarias, sindicatos únicos nacionales, son necesidades emocionales y políticas, que en algún momento el activo popular debe plantearse y discutir abiertamente.

 

Crisis económica y su impacto en el campo. 

 

Las trabajadoras del campo nos veremos afectadas duramente por la crisis económica, principalmente a que la mayor parte de las asalariadas del campo, nos encontramos trabajando para la gran industria del agro, ya sea en el campo o en los paking. Y serán estas industrias las que justamente se verán fuertemente impactadas por la resecion mundial, al concentrar sus ventas en los mercados internacionales.

 La prensa oficial nos dice que la demanda mundial se contraerá  enérgicamente este año y el otro, afectando a todas las economías que tienen un modelo económico dependiente del consumo de los países industrializados, como EE.UU., Japón, Alemania etc. Y por tal razón, Chile que dispone gran parte de su producción a los mercados internacionales, vera reducida sus ventas, por concepto de disminución de la demanda.

Tal situación obligará a las grandes empresas exportadoras, a disminuir su producción y los costos de esta, para proteger la rentabilidad de su empresa. Como efecto directo a esto, el empresariado cargara la crisis a los trabajadores, por medio del despido, restando algunos beneficios convenidos, disminuyendo los salarios etc..

La  verdad de todo esto, es que la crisis va afectar aun más las condiciones de vida de los trabajadores, generando el entorno necesario para aumentar la jornada laboral, restringir los salarios, flexibilizar mas empleo etc.

  Falta un tiempo para que comience el trabajo de temporada, y es ahí, cuando realmente nos demos cuenta de la situación por la que atraviesa el trabajo del campo.  Añadiendo a esto el diagnostico económico que pronostica que la  crisis va a profundizarse el segundo semestre de este año, justo con el inicio de la temporada

En este sentido, los trabajadores y trabajadoras del campo, nos comprométenos en sumar esfuerzos, en congregar voluntades, en tejer redes de cooperación y complicidad para lo que debe ser el despertar del gigante popular. Para que esta crisis no la paguemos los trabajadores pobres de Chile ni nuestra de nuestra region.

 

Sin mas que decir, muchas gracias nuevamente por la invitación y esperamos con ansiedad  encontrarnos próximamente…”

Temporeras de Rengo. Otoño 2009.

 

¡Arriba los y las que luchan!

Apuntes Generales: Evolución histórica de la economía agraria en Chile (CTO)

Apuntes Generales:

Evolución Histórica de la Economía Agraria en Chile

 

“La revolución ocurrida en las relaciones de producción agrarias durante las últimas décadas es probablemente una de las transformaciones sociales más profundas que ha tenido lugar en la historia del país”.

 

 

Perspectiva Histórica:

Del Inquilino y la Hacienda hasta el Temporero y la Agroindustria.

 

            Realizar una relación entre el inquilino de antaño y el actual temporero, no es una labor antojadiza, ya que en su análisis podemos establecer relaciones interesantes, no sólo en lo socio-cultural, pues como trataremos de explicar brevemente, la instauración de un modelo económico de carácter capitalista en nuestro país, genera cambios estructurales al interior del modelo de producción en el campo, hecho que no se encuentra aislado de las mismas transformaciones políticas.

El inquilinaje como tal, podríamos afirmar que se presenta como un “sistema de transición”, entre el sistema de la encomienda del período colonial y el régimen capitalista actual, en los cuales el trabajador, no era dueño en ningún caso de la tierra que buscaba producir. Dicha situación en nuestra actualidad ha llevado a un crecimiento importante del proletariado del campo, en el marco de la profundización del capitalismo en esta área.

Por otro lado, hasta la década del 50’ el sistema de haciendas continuaba plenamente vigente, como unidad de producción y un 50% de la población rural estaba en alguna labor relacionada a ella, pero el nuevo modelo productivo impulsado transformó estas “relaciones de carácter precapitalistas”, es decir, la hacienda vista como “empresa agrícola” (rasgos semi-feudales) es reemplazada por una netamente “capitalista”, en la cual se inserta la actual agroindustria. En este sentido, es importante destacar que el paso de un régimen a otro, no es ajeno a la implantación de medidas tendientes a instaurar el modelo económico ISI (Industria de Sustitución de Importaciones), pues para lograrlo era un prerrequisito esencial la modernización del sector agrícola.

Ahora bien, establezcamos algunas comparaciones entre un sistema y otro:

- Si nos referimos a la explotación del trabajador en el “sistema de inquilinaje”, por el lado del latifundista, él se apropiaba directamente del tiempo de trabajo del inquilino, quien a diferencia del actual temporero, era dueño en algunos casos de los medios de producción y podía tenía una pequeña autonomía en las decisiones económicas.

- En cambio en la actualidad, la explotación por parte del empresariado agroindustrial cobra la forma de apropiación del valor del producto excedente que realiza el trabajador. Como éste, no posee medios de producción, o no los posee en la cantidad suficiente, se ve obligado a vender su fuerza de trabajo al capitalista (plusvalía).

- Ese “tiempo excedente” en los inquilinos, era apropiado gratuitamente por el latifundista, sometiéndolo a la producción directa de valores de uso de goce personal e incluso familiar, por lo mismo, el poder y la riqueza de éstos se sustentaba en el número de inquilinos que tenia a su disposición, y sus límites, en la cantidad de valores de uso de que podían usufructuar. Ejemplo de ello, son las innumerables haciendas que se encontraban con escasos niveles de producción al momento de la reforma agraria.

- En cambio, para el empresario agroindustrial la riqueza y el poder, se basan en la cantidad de plusvalía de la que es capaz de apoderarse y ésta, a diferencia de los valores de uso que interesan al terrateniente, es ilimitada.

- Otro elemento a destacar brevemente, es aquella diferencia no menos importante entre aquel latifundista y el actual empresario hacia la posesión de la tierra; ya que mientras el primero mantenía una relación histórica e incluso de carácter espiritual, el segundo se presenta sin una clara identificación histórica y más cosmopolita.

- En lo político-electoral, para el proceso de concientización y luchas posteriores, la aparición de los primeros partidos de la clase obrera, son fundamentales en la organización del campesinado. A lo que se suma, la ampliación del sistema electoral, donde el campesinado en general fue directamente influenciado por la práctica corriente del “cohecho”, lo que permitió al latifundista proyectarse en el parlamento, situación que en la actualidad se mantiene vigente con nuevas formas.

En síntesis, la transformación del inquilino en proletario rural, habituado a un régimen de hacienda paternalista, es cambiado por un trabajador asalariado.

 

Reforma Agraria, Contrarreforma y Proyecciones.

 

            En el desarrollo de la reforma agraria podemos encontrar distintas rutas, casos como la llamada “reforma de macetero” de Jorge Alessandri Rodríguez, las medidas tomadas por Eduardo Frei Montalva y la reforma propiamente tal impulsada por la Unidad Popular. Este proceso, por tanto, que buscaba originalmente la distribución de la tierra de los latifundios a los campesinos, en la perspectiva del desarrollo económico en el campo, tuvo una conducción contradictoria, porque entre los grupos sociales y políticos que lo impulsaban se encontraban en sus distintas etapas, fracciones burguesas y obreras.

Es durante la U.P. donde se profundizan los objetivos de la reforma; como la eliminación del latifundio, la redistribución de la tierra,  y el fortalecimiento del sindicalismo campesino, pero cabe precisar que en sus orígenes la reforma es aplicada claramente “desde arriba”, desde la dirigencia política y económica, para luego lentamente ser tomada como bandera de lucha por el campesinado. De hecho, la mayor parte de las primeras huelgas y tomas de latifundios llevan como consigna reivindicaciones económicas y laborales, para luego dar paso a las luchas por la posesión de tierra.

Luego la dictadura cívico-militar realizó una contrarreforma, regresando parte importante de la tierra expropiada a sus antiguos dueños, pero bajo una nueva forma que sólo permitía la instauración de la empresa capitalista y no la reconstitución de la antigua hacienda. Es indispensable, no perder de vista este punto, ya que la dictadura iniciada en 1973 no devolvió en su plenitud el poder a los viejos latifundistas (aristocracia terrateniente-derecha tradicional), sino que en parte importante y progresiva, lo entregó a monopolios capitalistas, quienes culminaron este proceso desarrollando el capitalismo agrario y proletarizando masivamente a los campesinos.

Desde los 90’ y continuando con la institucionalidad dejada en la dictadura, la Concertación ha generado y ampliado los marcos legales que han permitido el fortalecimiento de estos capitales nacionales, sumando a inversionistas extranjeros, generando como consecuencia una concentración de poder económico en grupos determinados de la actual agroindustria.

En lo referente al campesinado actual, podemos afirmar entonces que la descomposición que ha sufrido, es parte del paulatino desarrollo de la agroindustria y el fortalecimiento de su modelo de producción, por lo mismo, es en este nuevo ordenamiento económico-social, donde aparece el “obrero-agrícola” o “temporero”, quien corresponde a todos los asalariados que no viven permanentemente en el campo, suma que en la actualidad supera el medio millón de personas.

            Para finalizar, el antiguo ministro de agricultura de Salvador Allende,  Jacques Chonchol, señalaba que “la reforma agraria terminó con la clase terrateniente que se sentía dueña del país”, a lo debemos sumar, que la Dictadura y la Concertación han contribuido a crear una nueva clase social, caracterizada por la concentración del poder económico con proyecciones en lo político, donde aquel terrateniente es superado por el actual agro-empresario nacional y extranjero. 

viernes, 29 de mayo de 2009

Las dentelladas del otoño en Chile



1. Cuando las migajas de su cuerpo se organizaban tiernamente sobre la Avenida Matta, barrio donde sobreviven los últimos talleres artesanales del cuero y el calzado –cuna también del anarquismo durante la primera parte del siglo pasado-, eran las horas primeras de la madrugada del viernes 22 de mayo. Mauricio se deshojó tras la explosión infortunada de un extintor para incendios mezclado con pólvora y un reloj. La madre y el hermano de Mauricio Morales son obreros. Él vivía en una casa ocupa en el cascarón viejo de Santiago donde organizaba una biblioteca; era estudiante de historia y había sido profesor rural. Su corazón deshecho estaba armado de convicciones que resumen la sensibilidad de buena parte de la juventud rebelde en Chile. La rabia social y existencial, combinada con el amor por la libertad y la igualdad son materiales que se multiplican en medio del otoño. Muchos saben que sólo el pueblo en lucha tras sus intereses históricos es la garantía estratégica para las grandes transformaciones de la sociedad. ¿Pero quién tiene la autoridad ética para cuestionar la decisión de un rebelde que pone su cuerpo, sin más mando que su conciencia y sin jamás cometer un crimen, salvo pequeños actos simbólicos contra el capital comparados contra la violencia multidimensional de la minoría privilegiada? La muerte de Mauricio no es parte de un debate político objetivable por las teorías y los púlpitos. Es un gesto de la rebeldía antigua como la humanidad, el fundamento de la indignación y la negación originaria ante toda opresión, el gatillo que insurreccionó esclavos, rebeló campesinos de todo el planeta, motorizó las primeras organizaciones obreras, a tientas, en la madrugada capitalista. No tiene que ver con la eficiencia revolucionaria, el desarrolló pavoroso, técnico y militar de la contrainsurgencia, las correlaciones de fuerzas o las condiciones objetivas. La causa de Mauricio es anterior. Entonces, sólo silencio y piedad para los justos.

2. Estos días, la ultraderecha continental se está dando cita en Caracas a través del pro imperialista Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (CEDICE) con el fin de concertar las tácticas de los poderosos para el período. Desde Chile ya han arribado a Venezuela el titán del sector, Joaquín Lavín de la Unión Demócrata Independiente y Jorge Schaulsohn, ex funcionario y militante de la Concertación y ahora activista de la campaña presidencial del ala supercapitalista del bloque en el poder. También están invitados el propio candidato presidencial y dueño de Renovación Nacional, Sebastián Piñera, el vicerrector de la Universidad Andrés Bello, Luis Cordero, y el secretario de relaciones internacionales de la Democracia Cristiana, Carlos Tudela, nombrado golpista durante el gobierno de Salvador Allende. Más allá de las contradicciones de los empresarios particulares en su lucha intestina por obtener mercados y beneficios, ¿Cuáles son las disputas interburguesas estratégicas realmente existentes en Chile? ¿Cuánto de disputas puramente aparentes hay entre las expresiones políticas de la burguesía transnacionalizada en Chile? La ilusión de la alternancia, el relevo, el recambio generacional o de género desde arriba son la condición necesaria para legitimar y ofrecer contención social y gobernabilidad a un país que sufre cotidianamente los embates de la crisis capitalista en curso. La apuesta de los de abajo es la construcción de la alternativa, con independencia, reconstitución y pelea. Mientras en Caracas se reúnen los reproductores criollos de los intereses del imperialismo norteamericano, en Chile, mediante juegos de artificio, los políticos oficiales de los que mandan se visten de colores y aparentan estar en movimiento y contradicción para desorientar y controlar a las grandes mayorías mediante rostros juveniles e ideas añosas. Las máscaras del poder procuran ofrecer golpes mediáticos permanentemente para continuar envileciendo a los trabajadores y el pueblo. No por nada, el gobierno de la Concertación gasta más de dos millones de dólares al mes en imagen y comunicaciones. Pero el maquillaje polifacético de los que mandan se gasta velozmente, engaña transitoriamente y procura fijarse sin consistencia. La mala vida es más real y concreta que el mejor de los avisos comerciales y el bombardeo comunicacional concertado, uniforme y unidireccional. Y el dinero, por un lado, no alcanza para comprar a todos los sobornables, y por otro, no todos tienen precio.

3. Luego de una huelga de mineros del cobre de Chuquicamata, donde los trabajadores se tomaron las puertas de la industria el 16 y 19 de mayo por demandas salariales, el Estado, a través de Codelco, interpuso una demanda civil por daños y perjuicios contra los dirigentes sindicales. No es suficiente castigar mediante las rentas y la intensificación de la explotación a los trabajadores que se movilizan en el país. Ahora, además de la represión policial habitual, se agregan medidas judiciales antisindicales de connotaciones “ejemplares”. En general, la estrategia del Estado durante el actual período es emplear toda su batería de medios para golpear “precautoriamente” cualquier expresión de movilización de los trabajadores, y cualquier iniciativa que manifieste, en distintos campos, disconformidad ante el actual estado de cosas, como ha ocurrido con la represión sufrida por radios comunitarias de Villa Francia y La Victoria, detenciones arbitrarias a militantes del Movimiento de los Pueblos y los Trabajadores, y ahora último, incluso contra el periodista Marcelo Garay, privado de libertad mientras cumplía labores profesionales en territorio mapuche. La sobreactuación estatal es síntoma de una lectura política que habla de un eventual aumento del conflicto social, cuestión que haría peligrar el lugar del gobierno chileno en el ranking de las evaluadoras de riesgo internacionales y espantar inversionistas. Toda vez que la caja fiscal, que a septiembre de 2008 superaba los 20 mil millones de dólares, pierde ahorros mediante los subsidios a las industrias en crisis (para salvar a los dueños y aminorar la caída vertical del empleo; sólo en obras públicas concesionadas el Estado ha invertido 700 millones de dólares), y la entrega de bonos “helicópteros” para paliar la debacle del capital comercial y hacer clientela para las elecciones presidenciales de fines de 2009.

4. Como parte de la historia de la vergüenza y reflejo grosero de la derrota, la Contraloría de la República reconoció que el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) habría sido una “empresa” por cuanto poseía una organización, alcances y finalidad. La consecuencia práctica es que, de acuerdo a un listado presentado por Andrés Pascal, ex secretario general del MIR luego de la caída en combate de Miguel Enríquez en 1974, cientos de militantes de entonces podrían acceder a pensiones o reparaciones, tal cual los funcionarios del gobierno de la Unidad Popular. Sin embargo, vale preguntarse respecto de la coherencia de estos hechos, toda vez que el MIR fue una organización formada con el fin de realizar la revolución socialista en Chile; y sus cuadros profesionales estaban abocados a tareas ligadas a ese objetivo. ¿Ahora ocurre que el Estado burgués puede indemnizar labores asociadas a compromisos éticos y políticos totalmente antagónicos a la burocracia y más lejos todavía de aquellos fines que pudiera tener una “empresa”? ¿Qué tipo de contrasentido es este? ¿Es una manera, proveniente del propio Estado y con la anuencia de algunos ex miristas, para finalmente desnaturalizar el papel y la historia del MIR jugado antes, durante y después de la Unidad Popular? ¿Es una señal destinada a destruir todo imaginario de rebeldía insobornable para las nuevas generaciones que dan sus primeros pasos en la lucha política anticapitalista? ¿Qué ocurrió con el guevarismo inspirador, la guerra popular prolongada, el MIR no se asila, la operación retorno, la experiencia trágica de Neltume? Cuidado. El poder persigue vaciar de contenido, borrar, hacer invisible, nublar, funcionalizar y distorsionar toda gesta popular bajo una estrategia única: sostener sus privilegios. Para ello puede valerse de cualquier medio, sobre todo de la necesidad material objetiva de la gente o, en este caso, de algunos ex militantes revolucionarios. ¿Los militantes del MIR caídos en combate, ejecutados o detenidos desaparecidos habrán pensado siquiera en algún momento en una pensión o indemnización estatal como compensación a lo que realizaban como un deber histórico y político?

Andrés Figueroa Cornejo

Mayo 28 de 2009