1. Cuando las migajas de su cuerpo se organizaban tiernamente sobre la Avenida Matta, barrio donde sobreviven los últimos talleres artesanales del cuero y el calzado –cuna también del anarquismo durante la primera parte del siglo pasado-, eran las horas primeras de la madrugada del viernes 22 de mayo. Mauricio se deshojó tras la explosión infortunada de un extintor para incendios mezclado con pólvora y un reloj. La madre y el hermano de Mauricio Morales son obreros. Él vivía en una casa ocupa en el cascarón viejo de Santiago donde organizaba una biblioteca; era estudiante de historia y había sido profesor rural. Su corazón deshecho estaba armado de convicciones que resumen la sensibilidad de buena parte de la juventud rebelde en Chile. La rabia social y existencial, combinada con el amor por la libertad y la igualdad son materiales que se multiplican en medio del otoño. Muchos saben que sólo el pueblo en lucha tras sus intereses históricos es la garantía estratégica para las grandes transformaciones de la sociedad. ¿Pero quién tiene la autoridad ética para cuestionar la decisión de un rebelde que pone su cuerpo, sin más mando que su conciencia y sin jamás cometer un crimen, salvo pequeños actos simbólicos contra el capital comparados contra la violencia multidimensional de la minoría privilegiada? La muerte de Mauricio no es parte de un debate político objetivable por las teorías y los púlpitos. Es un gesto de la rebeldía antigua como la humanidad, el fundamento de la indignación y la negación originaria ante toda opresión, el gatillo que insurreccionó esclavos, rebeló campesinos de todo el planeta, motorizó las primeras organizaciones obreras, a tientas, en la madrugada capitalista. No tiene que ver con la eficiencia revolucionaria, el desarrolló pavoroso, técnico y militar de la contrainsurgencia, las correlaciones de fuerzas o las condiciones objetivas. La causa de Mauricio es anterior. Entonces, sólo silencio y piedad para los justos.
2. Estos días, la ultraderecha continental se está dando cita en Caracas a través del pro imperialista Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (CEDICE) con el fin de concertar las tácticas de los poderosos para el período. Desde Chile ya han arribado a Venezuela el titán del sector, Joaquín Lavín de la Unión Demócrata Independiente y Jorge Schaulsohn, ex funcionario y militante de la Concertación y ahora activista de la campaña presidencial del ala supercapitalista del bloque en el poder. También están invitados el propio candidato presidencial y dueño de Renovación Nacional, Sebastián Piñera, el vicerrector de la Universidad Andrés Bello, Luis Cordero, y el secretario de relaciones internacionales de la Democracia Cristiana, Carlos Tudela, nombrado golpista durante el gobierno de Salvador Allende. Más allá de las contradicciones de los empresarios particulares en su lucha intestina por obtener mercados y beneficios, ¿Cuáles son las disputas interburguesas estratégicas realmente existentes en Chile? ¿Cuánto de disputas puramente aparentes hay entre las expresiones políticas de la burguesía transnacionalizada en Chile? La ilusión de la alternancia, el relevo, el recambio generacional o de género desde arriba son la condición necesaria para legitimar y ofrecer contención social y gobernabilidad a un país que sufre cotidianamente los embates de la crisis capitalista en curso. La apuesta de los de abajo es la construcción de la alternativa, con independencia, reconstitución y pelea. Mientras en Caracas se reúnen los reproductores criollos de los intereses del imperialismo norteamericano, en Chile, mediante juegos de artificio, los políticos oficiales de los que mandan se visten de colores y aparentan estar en movimiento y contradicción para desorientar y controlar a las grandes mayorías mediante rostros juveniles e ideas añosas. Las máscaras del poder procuran ofrecer golpes mediáticos permanentemente para continuar envileciendo a los trabajadores y el pueblo. No por nada, el gobierno de la Concertación gasta más de dos millones de dólares al mes en imagen y comunicaciones. Pero el maquillaje polifacético de los que mandan se gasta velozmente, engaña transitoriamente y procura fijarse sin consistencia. La mala vida es más real y concreta que el mejor de los avisos comerciales y el bombardeo comunicacional concertado, uniforme y unidireccional. Y el dinero, por un lado, no alcanza para comprar a todos los sobornables, y por otro, no todos tienen precio.
3. Luego de una huelga de mineros del cobre de Chuquicamata, donde los trabajadores se tomaron las puertas de la industria el 16 y 19 de mayo por demandas salariales, el Estado, a través de Codelco, interpuso una demanda civil por daños y perjuicios contra los dirigentes sindicales. No es suficiente castigar mediante las rentas y la intensificación de la explotación a los trabajadores que se movilizan en el país. Ahora, además de la represión policial habitual, se agregan medidas judiciales antisindicales de connotaciones “ejemplares”. En general, la estrategia del Estado durante el actual período es emplear toda su batería de medios para golpear “precautoriamente” cualquier expresión de movilización de los trabajadores, y cualquier iniciativa que manifieste, en distintos campos, disconformidad ante el actual estado de cosas, como ha ocurrido con la represión sufrida por radios comunitarias de Villa Francia y La Victoria, detenciones arbitrarias a militantes del Movimiento de los Pueblos y los Trabajadores, y ahora último, incluso contra el periodista Marcelo Garay, privado de libertad mientras cumplía labores profesionales en territorio mapuche. La sobreactuación estatal es síntoma de una lectura política que habla de un eventual aumento del conflicto social, cuestión que haría peligrar el lugar del gobierno chileno en el ranking de las evaluadoras de riesgo internacionales y espantar inversionistas. Toda vez que la caja fiscal, que a septiembre de 2008 superaba los 20 mil millones de dólares, pierde ahorros mediante los subsidios a las industrias en crisis (para salvar a los dueños y aminorar la caída vertical del empleo; sólo en obras públicas concesionadas el Estado ha invertido 700 millones de dólares), y la entrega de bonos “helicópteros” para paliar la debacle del capital comercial y hacer clientela para las elecciones presidenciales de fines de 2009.
4. Como parte de la historia de la vergüenza y reflejo grosero de la derrota, la Contraloría de la República reconoció que el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) habría sido una “empresa” por cuanto poseía una organización, alcances y finalidad. La consecuencia práctica es que, de acuerdo a un listado presentado por Andrés Pascal, ex secretario general del MIR luego de la caída en combate de Miguel Enríquez en 1974, cientos de militantes de entonces podrían acceder a pensiones o reparaciones, tal cual los funcionarios del gobierno de la Unidad Popular. Sin embargo, vale preguntarse respecto de la coherencia de estos hechos, toda vez que el MIR fue una organización formada con el fin de realizar la revolución socialista en Chile; y sus cuadros profesionales estaban abocados a tareas ligadas a ese objetivo. ¿Ahora ocurre que el Estado burgués puede indemnizar labores asociadas a compromisos éticos y políticos totalmente antagónicos a la burocracia y más lejos todavía de aquellos fines que pudiera tener una “empresa”? ¿Qué tipo de contrasentido es este? ¿Es una manera, proveniente del propio Estado y con la anuencia de algunos ex miristas, para finalmente desnaturalizar el papel y la historia del MIR jugado antes, durante y después de la Unidad Popular? ¿Es una señal destinada a destruir todo imaginario de rebeldía insobornable para las nuevas generaciones que dan sus primeros pasos en la lucha política anticapitalista? ¿Qué ocurrió con el guevarismo inspirador, la guerra popular prolongada, el MIR no se asila, la operación retorno, la experiencia trágica de Neltume? Cuidado. El poder persigue vaciar de contenido, borrar, hacer invisible, nublar, funcionalizar y distorsionar toda gesta popular bajo una estrategia única: sostener sus privilegios. Para ello puede valerse de cualquier medio, sobre todo de la necesidad material objetiva de la gente o, en este caso, de algunos ex militantes revolucionarios. ¿Los militantes del MIR caídos en combate, ejecutados o detenidos desaparecidos habrán pensado siquiera en algún momento en una pensión o indemnización estatal como compensación a lo que realizaban como un deber histórico y político?
Andrés Figueroa Cornejo
Mayo 28 de 2009
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